El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias (SGISE), entidad dependiente de Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para impulsar el desarrollo de procesos de Compra Pública Innovadora (CPI) en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales.

De este modo, la AVI se compromete a prestar asesoramiento técnico a SGISE para que la sociedad mercantil que gestiona el Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales pueda encomendar el desarrollo de innovaciones dirigidas específicamente a mejorar su prestación.

En el marco del presente convenio, la Agència ayudará a SGISE a identificar los retos prioritarios que pueden resolverse a través de compra pública de innovación para, a continuación, llevar a cabo una consulta preliminar al mercado, con la que se sondeará tanto la disposición del sector privado como la viabilidad para acometer los distintos desarrollos establecidos en su mapa de demanda temprana.

Con toda esta información, la AVI y SGISE definirán, en una tercera fase, el tipo de CPI a desarrollar y el procedimiento de licitación, con el fin de elaborar el documento regulador. En cualquier caso, el asesoramiento de la Agència se extenderá también al seguimiento posterior del proceso de CPI, el primero que ejecutará esta entidad del sector público instrumental.

Hasta ahora, la Agència Valenciana de la Innovació ha colaborado en el impulso de la Compra Pública de Innovación con las conselleries de Sanidad Universal y Salud Pública y Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que ya han adjudicado sus primeros contratos, así como con los departamentos de Hacienda y Modelo Económico y Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que han desarrollado sus respectivas consultas preliminares al mercado.

En cualquier caso, la capacidad transformadora de la CPI resulta no solo porque se erige en una oportunidad para mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, sino que también contribuye a mejorar la competitividad de las empresas, reduce el riesgo asociado a la innovación y permite orientarla hacia sectores de vanguardia con un elevado valor añadido.

Este convenio, que tendrá una duración de dos años, podrá prorrogarse por dos años más y no dará derecho a contraprestación económica a favor de ninguna de las partes, asumiendo cada una de ellas el coste, si lo hubiera, de las actuaciones que deban desarrollar.