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• Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado y definir las especificaciones funcionales a fin de preparar la contratación
• La mayoría de las iniciativas proceden de empresas y alrededor del 80% son entidades radicadas en la Comunitat Valenciana

La primera fase del proceso de Compra Pública de Innovación (CPI), que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico abrió el pasado 2 de febrero con el asesoramiento técnico de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), se ha saldado con la recepción de una veintena de propuestas para mejorar, a través de la I+D+i, el servicio de limpieza que se presta en los edificios y dependencias de la Generalitat.

Empresas e institutos tecnológicos han aportado un total de 19 ideas para resolver este reto, bautizado como Innova-Neteja, con el que se pretende desarrollar e implementar un sistema innovador que no sólo garantice la calidad de este servicio, sino también su optimización y control.

Estas soluciones no presentes en el mercado deben asegurar, además, un mayor respeto hacia las personas y el medio ambiente, así como atender las necesidades especiales de desinfección derivadas de la COVID-19.

A través de esta consulta preliminar al mercado, la Conselleria de Hacienda y la AVI han sondeado la disponibilidad del tejido productivo para ofrecer respuestas innovadoras a los retos identificados por la Central de Compras de la Generalitat. Se trata, en cualquier caso, de un paso previo para determinar las funcionalidades que han de definir la innovación que se pretende contratar a través de la CPI.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha valorado «de forma positiva» la respuesta de las empresas y entidades al proceso iniciado desde la Generalitat. «Queríamos escuchar qué tenía que decirnos el tejido productivo para, en base a esas aportaciones, diseñar la mejor compra pública, y no podemos estar más satisfechos con el resultado», ha indicado Soler.

Según el titular de Hacienda, la contratación pública ya no solo tiene como objetivo gastar bien el dinero de los contribuyentes, sino que ha de reportar también valor añadido «en términos de calidad, rentabilidad e impacto medioambiental».

En este sentido, Soler ha indicado que con la Compra Pública Innovadora «hemos abierto la puerta a soluciones más eficientes y de mayor calidad, a la vez que brindamos a las empresas innovadoras una oportunidad para probar sus soluciones en condiciones reales y no solo a través de modelos».

Por su parte, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha resaltado que «la apuesta por la Compra Pública Innovadora es fundamental para poder introducir la innovación en la forma de contratar de las administraciones y también en los procesos productivos de las empresas».

Pascual ha indicado que «la capacidad transformadora de la innovación nos aporta mejoras sustanciales y soluciones que anteriormente no se habían aplicado y que mejoran los servicios, al tiempo que mejoran la capacidad de las empresas y los empleos que generan».

De acuerdo con los resultados de la consulta, el 84% de las soluciones recibidas proceden directamente de empresas, que operan en un amplio abanico de sectores de actividad.

Están representados, entre otros, servicios, bienes de equipo, robótica, geolocalización o sistemas informáticos. Por su parte, los institutos tecnológicos lideran el 16% de las iniciativas, que ahora se evaluarán para, a continuación, establecer un diálogo con los operadores.

«La significativa participación del sector privado en esta consulta preliminar al mercado avala la estrategia de la AVI en materia de Compra Pública de Innovación. Creemos en el poder de compra de la Administración como vía para elevar el valor añadido de nuestras empresas, incluso en sectores que hasta ahora no se caracterizaban por la incorporación de conocimiento», ha destacado el vicepresidente ejecutivo de la Agència, Andrés García Reche.

De hecho, el impacto de dicha consulta se concentra fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, que aglutina alrededor del 80% de los proyectos presentados, frente al 20% restante, que viene de otras comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, e incluso de otros países de la Unión Europea, como Italia.